Desafíos del sistema tributario para gravar los servicios digitales en la imposición indirecta tanto nacional como provincial.

Abstract

El avance progresivo de empresas y negocios digitales que se viene desarrollando desde hace varios años, se ha visto potenciado en el año 2020 debido al confinamiento de la población para frenar la pandemia del COVID-19, y se ha traducido en un incremento en el uso de Internet, ya que cada vez más personas trabajan desde sus hogares y consumen más contenidos digitales. Un artículo de Alvaro Rattinger1 en Merca2.0 expresa que “el consumidor tenía pocas avenidas para satisfacer sus necesidades, y en ese sentido las marcas que ya estaban establecidas en la mente del consumidor salieron ganadoras, Amazon, Netflix, Corner Shop o Mercado Libre eran las primeras opciones. Mientras que puntos de venta como JCPenny anunciaron cierres de tiendas, la empresa de Jeff Bezos no amenazó con cerrar sus ofertas presenciales, desde librerías hasta supermercados totalmente automatizados. Amazon entiende que el modelo del futuro es híbrido, ventas en línea con experiencias en el punto de venta. El consumidor disfruta recoger el producto en las tiendas” Ante este crecimiento de la llamada economía digital, la OCDE2 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), plantea que es necesario adecuar las normas tributarias para evitar el problema de BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios) y crear un nuevo derecho tributario internacional que permita una distribución más equitativa de la base imponible. Dicho organismo establece “que algunas estrategias de planificación impositiva de BEPS, podrían ser ilegales, pero muchas no lo son. Las disposiciones de BEPS se benefician habitualmente de las normas obsoletas para una economía globalizada del siglo XXI, caracterizada por la creciente importancia de intangibles, por lo tanto, esto plantea importantes desafíos desde el punto de vista tributario. En este artículo, analizaremos como la Argentina ha modificado sus normas en la imposición indirecta tanto a nivel nacional como provincial para captar ingresos de los negocios digitales.